“Esta es una enorme tragedia y debido a su magnitud hemos tenido que tomar algunas decisiones”, expresó, tras anunciar que el responsable de la granja penal quedaba suspendido del cargo y sería sometido a los tribunales de justicia.
Maduro ofreció declaraciones luego de hacer un recorrido, junto al ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, al reclusorio de El Porvenir, en donde el sábado anterior pandilleros rivales se enfrentaron, dejando como saldo de al menos 68 personas muertas, varias de las cuales se encontraban visitando sus parientes presos.

Luego de expresar su solidaridad, el Presidente dijo que giró instrucciones precisas para que se le dé seguridad máxima a los otros 23 centros penales del país, a fin de evitar que se presenten más hechos violentos derivados del ocurrido en La Ceiba.

A partir de ayer, el Mandatario nombró una comisión para que investigue los hechos, la cual será integrada por los ministerios de Seguridad, Gobernación y Defensa.

Una segunda comisión presidencial también será nombrada de urgencia para que haga recomendaciones al Ejecutivo sobre decisiones que se pudieran tomar en las políticas penitenciarias del país.

La comisión será integrada por el sistema judicial, secretarías de Defensa y de Seguridad, Congreso Nacional, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio de Gobernación.

“Tenemos que evitar que estos hechos se sigan presentando en el futuro”, manifestó el mandatario tras indicar que le pedirá a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, y al resto de magistrados que le dé prioridad a los casos penales de reclusos y llegar a la sentencia en la forma más rápida.

Guardias de del penal hacían la identificación de cadáveres

Consideró el Presidente que la sobrepoblación penitenciaria tiene que ver en parte con los hechos ocurridos en la granja penal. Asimismo, Maduro se solidarizó con las familias de los muertos y heridos, instruyendo en el acto al gobernador político de Atlántida, Ramón Antonio Leva, para que les brinde todo el apoyo necesario en nombre del gobierno de la República.

Las medidas ordenadas por el Poder Ejecutivo

El presidente tomó de inmediato varias resoluciones tomando en cuenta la magnitud del problema:

• En primer lugar suspendió al encargado del centro penal y lo pone a las órdenes de la justicia.

• Ordenó el apoyó a los heridos y a los familiares de los muertos por parte del gobernador Antonio Leva. El gobierno ayudará en la medida de las posibilidades a los parientes.

• Ordenó resguardar el resto de los 24 centros penales del país con la presencia de fuerza militar y policial.

• Nombró una comisión de alto nivel de investigación para determinar los hechos. La comisión es presidida por el ministro de Gobernación, Jorge Ramón Hernández Alcerro; el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez y el ministro de Defensa, Federico Brevé.

• Integró una Comisión Presidencial para que presente con carácter de urgencia recomendaciones sobre la política penitenciaria del país. La forman los ministerios de Seguridad y Defensa, la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Ministerio Público y el Comisionado de los Derechos Humanos. La presidirá la Secretaría de Gobernación.
  

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