El titular del Poder Ejecutivo hizo el anuncio al recibir el “Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario en Honduras” de parte de la Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria, en un acto especial que se llevó a cabo en Casa Presidencial.

Dicha comisión fue integrada por el Mandatario inmediatamente después de los trágicos sucesos suscitados en la Granja Penal de El Porvenir, La Ceiba, Atlántida, en los que perdieron la vida más de sesenta personas, en su mayoría miembros de la mara 18.

Después de este hecho Maduro ordenó una investigación con el propósito de elaborar un diagnóstico de la situación imperante en los centros penales del país y formular las recomendaciones del caso para promover un cambio profundo en el sistema penal.

El equipo de trabajo estuvo integrado por el Secretario de Gobernación y Justicia Jorge Ramón Hernández Alcerro, quien la presidió; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el secretario de Seguridad Oscar Álvarez, el Fiscal General de la República Roy Medina y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López, que fue asistido por un grupo técnico interdisciplinario.

Durante el acto de entrega del documento se realizó una exposición resumida del mismo, por parte de uno de los técnicos del grupo de apoyo, complementado con un vídeo que muestra la situación precaria de los centros penales del país.

El diagnóstico penitenciario establece que en el país funcionan 24 establecimientos de reclusión de los cuales la Penitenciaría Nacional, en Támara, Francisco Morazán, y el presidio de San Pedro Sula, Cortés, tienen una concentración de más de mil internos.

La Comisión Interinstitucional determinó que la población total de reos es de 10 mil 545 internos, de los cuales el 98 por ciento, o sea 10 mil 397 son hondureños y el 2 por ciento, equivalente a 128 reclusos, son extranjeros.

De la cifra global el 51.68 por ciento están condenados y un 48.32 por ciento están en proceso de condena o liberación.

La mayoría de las instalaciones presentan deficiencias de infraestructura, no hay condiciones apropiadas para albergar a los internos y a las personas encargadas de su custodia y seguridad. Tampoco existe infraestructura que permita ejecutar programas de capacitación y rehabilitación.
Esta situación impide que las autoridades de estos centros penales puedan separar a los reclusos condenados de los que está con proceso pendiente y a éstos de los que integran pandillas o maras “en completa contravención de lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución de la República y el 40 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente”.

Hay bartolinas que fueron diseñadas para albergar a 15 o 20 personas pero están ocupadas por grupos de entre 80 a 133 personas, las cuales tienen que compartir un solo baño y una sola letrina y no cuentan con iluminación, ni ventilación apropiadas, entre otras deficiencias importantes.

En este ambiente se llevan a cabo las visitas conyugales las cuales se llevan a cabo colocando una sábana para dividir el catre o litera del interno vecino y tener un poco de “intimidad”. En algunos centros hay internos que alquilan “habitaciones” para estos encuentros obteniendo significativas ganancias por el “servicio”.

El informe señala que casi todos los centros penales carecen de agua potable y servicio eléctrico lo que provoca que no todos los días los internos puedan realizar el aseo personal, ni limpiar los inodoros o letrinas disponibles y en muchos casos preparar los alimentos, actividad que realizan muchos reclusos.

La fuente de éstas, y otras limitaciones, según el documento entregado al titular del Poder Ejecutivo, es que la Dirección de Servicios Especiales, dependiente de la Secretaría de Seguridad apenas cuenta con un presupuesto de 148 millones 381 mil 799 lempiras, de los cuales poco más del 72 por ciento, unos 107 millones de lempiras, son destinados al pago de sueldos y salarios.

El 1.8 por ciento, más o menos 2.7 millones es para el pago de servicios básicos y otros, y el 25.7 por ciento, poco más de 38 millones de lempiras, se destina a alimentos, bebidas, papel, libros, revistas y utensilios.

Esto implica que en los centros penales “no existe presupuesto para atender actividades recreativas y programas de rehabilitación”, sostiene el diagnóstico entregado al jefe del gobierno central.

MADURO IMPACTADO

Tras conocer éstas y otras situaciones el Presidente Maduro dijo sentirse “profundamente impactado, preocupado y comprometido. Esta es otra de las deudas sociales que los hondureños venimos arrastrando desde hace generaciones , me alegra que hayamos puesto al descubierto esta triste realidad y tragedia que vivimos”.

“Tenemos que actuar ante esta horrible situación y comprometo al gobierno para buscar soluciones sin política ni sectarismos de ninguna clase. Esto tiene que acompañarse de una investigación seria de lo que pasó en la Granja Penal de El Porvenir con deducción de responsabilidades y estoy seguro que en esto nos acompañará todo el pueblo hondureño, el Congreso Nacional y el sistema judicial”, agregó el gobernante.

Maduro espera que “hoy sirva para marcar el primer día en la construcción de una profunda transformación del sistema penitenciario hondureño con la participación amplia del gobierno, de toda la sociedad y de los organismos de derechos humanos”.

Puntualizó que en base a la información que le proporcionó la Comisión Interinstitucional no le sorprende la tragedia ocurrida en El Porvenir “y yo diría que esa matanza es una vergüenza y por eso estoy pendiente del informe que he ordenado sobre esa tragedia y quiero asegurarles que vamos a darle el apoyo total a todas las medidas necesarias para deducir responsabilidades”.

El Presidente también prometió todo su respaldo a las recomendaciones formuladas “y de inmediato voy a realizar las gestiones que sean necesarias para trasladar el manejo del sistema penitenciario a la Comisión Técnica Interinstitucional de Transición que me recomiendan en el informe”.

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