Lo anterior fue resuelto durante una reunión sostenida esta tarde en Casa de Gobierno entre el Presidente de la República Ricardo Maduro, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Vilma Morales; el titular del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, el fiscal Roy Medina; el secretario de Seguridad Óscar Álvarez y el titular de Defensa, Federico Brevé Travieso.

En conferencia de prensa y luego de concluir la reunión el ministro de Seguridad, dijo “estamos unidos graníticamente para solidarizarnos con cualquiera de nosotros que suframos este tipo de situaciones”.

Agregó que el encuentro se realizó a iniciativa del Presidente Maduro a fin de garantizar la seguridad de los operadores de justicia y de las personas que están luchando frontalmente en contra de la delincuencia.

Los funcionarios coincidieron en que es necesario la aplicación de sanciones más drásticas para aquellas personas que por sentirse afectadas con la legislación nacional buscan intimidar a los jueces, fiscales y otros altos funcionarios del Estado.

La reunión se verificó cuatro días después de que el vehículo en que se transportaba la seguridad personal del presidente del Congreso Nacional recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos.

Investigaciones de la policía señalan que existen dos hipótesis, una que podría ser un atentado, por el apoyo irrestricto que el titular del Congreso ha dado a la reforma del artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras, o en su defecto un acto puramente criminal.

Álvarez indicó que en la reunión se consideró la emisión de una legislación particular que permita que Honduras tenga jueces especiales para enfrentar el crimen organizado.

Por otra parte, señaló que en los próximos días se enviará a Estados Unidos a un grupo de policías para que reciban una capacitación especial en protección de dignatarios.

Posteriormente los policías se encargarán de preparar a los agentes de seguridad que protegen la integridad física de los altos funcionarios, incluyendo a fiscales y jueces, explicó.

Refirió que también se acordó reunir en los próximos días a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal con el objeto de analizar los argumentos que han llevado a jueces a otorgar sobreseimientos a secuestradores, “mareros” o pandilleros, o de casos en donde han establecido medidas sustitutivas.

El funcionario manifestó que no es posible que la policía capture a los secuestradores y “mareros” en cumplimiento al artículo 332 reformado del Código Penal y que los jueces los dejen en libertad.

“Igualmente se discutió lo referente a la Ley de Crimen Organizado, que ya está casi lista para enviarla al Congreso Nacional y también se habló sobre la implementación más efectiva de la Ley de Lavado de Activos, para perseguir a los que se han lucrado mediante la corrupción y con el crimen organizado”, expresó.

Por otra parte, negó que la policía esté vigilando a la fiscal Aída Romero, “en ningún momento se están utilizando los recursos de la policía para seguir a la fiscal Aída Romero, tenemos demasiado trabajo para estar persiguiendo una fiscal, no nos interesa y no la vamos a hacer”.

Agregó que si Romero tiene alguna prueba en contra de la policía que la presente ante las instancias correspondientes ya de esa manera es que se resuelven los problemas en un país de leyes como es el caso de Honduras.

“Si ella realmente tiene pruebas que las presente”, reiteró, tras indicar que él será el primero en buscar la aplicación de la justicia en caso que existiera alguna irregularidad. ep/dip

Subir