Esta determinación la tomó el mandatario luego de seis horas continuas de agotadoras reuniones, en las que el gobierno y los representantes de los principales gremios magisteriales del país no lograron concluir en un acuerdo que pusiera fin al conflicto que vienen enfrentando en los últimos dos años.

Desde un principio el Gobierno accedió a restituir las cotizaciones sindicales retenidas en los últimos meses, devolver los salarios por las horas no trabajadas e investigar las denuncias de nombramiento irregulares en algunas direcciones departamentales, que eran algunas de las demandas de los educadores.

No obstante a ello, los maestros mantuvieron inflexible su postura de continuar con las asambleas informativas, cuya suspensión era una de las condiciones del Poder Ejecutivo para continuar en la mesa del diálogo con los diferentes sectores integrados en la comisión tripartita.

El gobierno incluso accedió a adherirse plenamente a una propuesta de principios orientadores para el diálogo entre el magisterio, el gobierno de la República y la sociedad civil, lo que los mentores rechazaron.

Los representantes de los colegios magisteriales mantuvieron invariable su petición de que se cumpla con los colaterales, como el zonaje, quinquenios, puestos desempeñados, así como el ajuste por calificación académica y la derogación de la Ley de Reordenamiento Retributivo, aprobada en diciembre del año pasado.

Durante las discusiones entre los miembros de la Comisión Tripartita, conformada por maestros, gobierno y sociedad civil, los ministros de Educación y Finanzas, Carlos Ávila Molina y Arturo Alvarado, respectivamente, expusieron las cifras del impacto económico que representa para el Estado mantener el Estatuto del Docente.

El titular de Educación realizó una amplia exposición en la cual dio a conocer todos los privilegios que gozan actualmente los maestros y como éstos han venido en aumento en los últimos años.

Expresó que el Gobierno de la Republica no tiene la capacidad económica para soportar el impacto financiero del Estatuto del Docente, “ya que el Estado Hondureño debe de velar por todo el país y no sólo por un grupo”.

Actualmente la población docente esta conformada por 47 mil 405 personas, entre las cuales se dividen unos 4,923 en el nivel de educación prebásica, unos 3,194 en primaria, 8,164 en educación media, 777 de educación continua y 1,967 en educación a distancia.

Con respecto al pago de quinquenios, que es uno de los puntos de conflicto, estos se distribuyen en tres etapas, la primera abarca los primeros cinco años y reciben un 15 por ciento, a los diez años reciben un 30 por ciento, a los 15 años un 45 por ciento y a los 18 años se le denomina quinquenio, por lo que reciben un aumento de un 60 por ciento de aumento salarial.

Por su parte, el ministro de Gobernación y Justicia, Jorge Hernández Alcerro expresó que Honduras no está constituida por seis gremios magisteriales, “Somos siete millones de habitantes y el Gobierno tiene la obligación de defender todo un interés general”.

Asimismo, señaló que se requieren de 3 mil 500 millones de lempiras para resolver la demanda de los maestros en los próximos tres años, pero esto significaría aumentar el impuesto sobre ventas.

También el Ministro de Finanzas explicó que hay que mantener un equilibrio en las finanzas públicas y “no podemos proyectar un gasto sólo de un año, si no ver el efecto de las peticiones del magisterio, en los años venideros”.

Agregó que en el plan del marco macroeconómico del gobierno para el año 2004-2006 el pilar está basado en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, ERP.

Agregó que se han realizado los estudios correspondientes para medir la capacidad financiera del país, ya que luego de la ayuda recibida tras el huracán Mitch, las donaciones terminaron y los impuestos tributarios disminuyeron, debido a la reducción del impuesto sobre la renta.

Por su parte, el presidente Maduro expuso que en el caso de aceptar las peticiones planteadas por los docentes se tendría que hacer drásticos recortes en el sector público, incluyendo a médicos, policías, enfermeras, empleados de servicio civil, funcionarios públicos, entre otros.

Por esta razón, el jefe de gobierno consideró que se debe incluir dentro de esta discusión a todos los sectores de la población que puedan resultar directamente afectados con la determinación de cumplir con las demandas económicas del magisterio nacional.

Además de eso estaría en peligro el acuerdo con el Fondo monetario Internacional, FMI, lo que tendría efectos secundarios sobre toda la sociedad hondureña.

En función de eso, el Presidente Maduro estimó oportuno convocar a los miembros del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, representantes de los empleados públicos y organizaciones campesinas a efecto de escuchar la posición de sus principales líderes.

La determinación del mandatario fue tomada por la dirigencia magisterial como un rompimiento del diálogo.dip