El parlamentario, quien en 1997, cuando se aprobó el controversial decreto, fue miembro de la comisión que dictaminó el proyecto que contenía el Estatuto del Docente y presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Legislativa, dijo que la situación financiera del país no permite cumplir con lo contenido en dicha conquista gremial pues “ahora tenemos algunas limitaciones, sobre todo en la presión de la masa salarial”.

Añadió que en Honduras la masa salarial es de casi 12 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto, PIB, cuando una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, es que esa cifra se reduzca a un 8 por ciento.

Cárdenas consideró que la ayuda de que dispone el organismo internacional para el país, se podría postergar en caso que no se cumpla con los convenios firmados en diciembre del año pasado, por lo que Honduras se estaría condenando al atraso.

Según el diputado los aumentos saláriales se deben aplicar con proyección aritmética y no geométrica, como es el caso del Estatuto del Docente, en el que los incrementos se duplican sobre la base de los sueldos de cada año.

“Si se incrementan de acuerdo al Estatuto sería, por ejemplo, dos más dos cuatro, el siguiente año sería cuatro más cuatro ocho y luego ocho más ocho dieciséis, pero llegaría un momento que sería insuficiente el Presupuesto de la Nación”, para cumplir con lo estipulado en dichas clausulas.

A su criterio es necesario modificar los compromisos asumidos por el Estado de acuerdo a la aplicación del Estatuto del Docente “y esto es algo que los maestros deben de comprender”.

El parlamentario señaló categóricamente que se debe reformar dicho estatuto pues fue un error que se debe enmendar, “las leyes las emite el Congreso, el Congreso las aprueba, pero también el Congreso las puede reformar o derogar”.

Cárdenas sostuvo que “fue un mal cálculo al momento de aprobar ese artículo de las cláusulas salariales, los maestros no lo entendieron y el gobierno en su momento tampoco, pero ahora las consecuencias son fatales, no es posible pagarlos en la forma que están plateados, hay que volver a negociar”.

“Hay que llegar a un consenso para que los maestros anualmente reciban los incrementos que por justicia y por su trabajo deben recibir, pero que no sea arriba de la capacidad financiera del Estado”.

Insistió en que el gobierno no puede pagar los incrementos salariales señalados en el Estatuto del Docente ya que los ingresos son insuficientes y hacerlo significaría recortar programas o aumentar impuestos.

Ante la disyuntiva recomendó al gobierno y a los docentes, que continúen con el diálogo a fin de establecer qué porcentaje anual se debe dar a dichos incrementos y que éstos sean pagables de acuerdo a los tributos que se reciben y alimentan el Presupuesto Nacional.

Según Cárdenas los derechos adquiridos, como la calificación académica, quinquenio y zonaje, no se deben suprimir, pero que se debe revisar el aumento anual a los sueldos, pues éste se debe hacer de acuerdo a la inflación, por depreciación de la moneda y por el aumento en los precios de los productos de consumo popular. ep/dip