Los gobernantes de los países miembros del SICA estiman necesario rehabilitar y reinsertar a los pandilleros al esquema productivo de la sociedad.

Gestionar la creación de un fondo especial para el rescate y recuperación de la juventud involucrada en las pandillas o “maras”, acordaron este día, entre otras cosas, los mandatarios de la región mediante una Declaración Conjunta promulgada al concluir la Segunda Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.

A la reunión, que se llevó a cabo en el Palacio José Cecilio del Valle, sede de la Presidencia de la República, en Tegucigalpa, asistieron los presidentes de Honduras Ricardo Maduro; de El Salvador Elías Antonio Saca; de Guatemala, Óscar Berger; Enrique Bolaños de Nicaragua y el Sub Secretario de Relaciones Exteriores de Costa Rica Luis Vinicio Vargas.

Además el Secretario de Gobierno y Justicia de Panamá Héctor Alemán; el embajador de Belice, concurrente para Guatemala y Honduras, Alfredo Martínez y Francisco Almeida, Secretario de Estado del Interior y Policía de República Dominicana.

En la Declaración Conjunta los mandatarios expresan el deseo de renovar su compromiso de defender la ciudadanía y el Estado de derecho de manera urgente e integral, contra la grave amenaza de los grupos conocidos como “maras” o pandillas, siempre con estricto apego al ordenamiento jurídico y respeto de los derechos humanos.

Para ejecutar dicho plan los gobernantes se comprometieron a gestionar la creación de un fondo centroamericano para el rescate y recuperación de la juventud en riesgo o conflicto con la ley.

En función de lo anterior acordaron solicitar apoyo financiero al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, encomendando a éste último el monitoreo de dicho fondo.

Aunque no lo incluyeron en la Declaración Conjunta, los gobernantes debatieron en torno a la necesidad de solicitar a las autoridades de los Estados Unidos, que al momento de deportar a un miembro de “mara” envíen al país de origen de éste, las pruebas y antecedentes penales que lo incriminen.

La petición de los jefes de Gobierno será cristalizada en la próxima reunión del SICA que se desarrollará el 28 y 29 de abril en Roatán, Islas de la Bahía, a la que se invitará a autoridades estadounidenses, de México y a la presidencia de la Comunidad del Caribe, CARICOM, con quienes los mandatarios de la región seguirán analizando las opciones para enfrentar el problema de las “maras” en forma integral.

En conferencia de prensa ofrecida por el gobernantes al concluir la cita, el presidente hondureño dijo que la lucha contra las “maras” actualmente es local, sin embargo “estamos consolidando los mecanismos para convertir esto en una lucha internacional”, a fin de evitar que la situación se vuelva insostenible para los países de la región.

Maduro dijo que en este momento las pandillas juveniles están fuertemente armadas por lo que se tiene que adoptar los mecanismos necesarios para evitar que estos grupos se conviertan en los futuros terroristas del mundo.

El presidente salvadoreño, indicó que la petición que formularán ante las autoridades estadounidenses se sustenta en las constantes deportaciones de pandilleros que la nación del norte realiza hacia los países centroamericanos, limitando de esta manera que estos delincuentes reciban un castigo legal.

“La situación se ha convertido en un problema sumamente grave porque los pandilleros no pueden ser juzgados en nuestro país por no contar con los argumentos legales correspondientes”, dijo el mandatario salvadoreño.

Saca añadió que la intención “es exhortar al gobierno de los Estados Unidos a que si las deportaciones se producen, se le entregue al país de destino toda la información necesaria para que las instituciones encargadas de esta problemática puedan vigilarlos, ya que seguramente van a delinquir”.

Añadió que durante este año El Salvador ha recibido 19 deportaciones de jóvenes integrados a pandillas en los Estados Unidos

En el documento también se comprometen a enfocar los esfuerzos sociales a favor de las víctimas inocentes de la delincuencia en todas sus manifestaciones, expresando su solidaridad por el sufrimiento de las personas que han sido afectadas por este fenómeno, promoviendo iniciativas que tiendan a la recuperación y rehabilitación de los lesionados física y psicológicamente.

Los mandatarios del istmo también establecieron intensificar la cooperación de los gobiernos para la ejecución de la estrategia regional en materia de prevención social de la violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes en situación de riesgo, en el marco del Plan Centroamérica Segura.

Para tal efecto instruyen a las instancias nacionales a que presenten a más tardar en junio próximo un informe sobre los avances de la ejecución de dicho plan.

Asimismo urgen a las instancias nacionales y regionales a concluir la propuesta sobre la Orden de Detención Centroamericana, a fin de sea aprobada y puesta en vigencia de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada Estado y la protección de los derechos humanos.

Los jefes de Gobierno y de Estado, además se comprometieron a continuar con el proceso de creación de la “Fuerza de Respuesta Rápida”, en el marco jurídico de cada Estado, con el propósito de actuar en operaciones conjuntas o combinadas. ep/dip