Presidente pide acelerar requerimientos judiciales contra implicados en tráfico de pasaportes

Viernes 29 de abril de 2005

El Presidente Ricardo Maduro solicitó hoy a la Procuraduría General de la República que proceda a hacer las respectivas acusaciones legales contra los involucrados en el tráfico ilegal de ciudadanos de otras nacionalidades, mediante emisión irregular de pasaportes hondureños.

El mandatario exigió que tanto en el caso denominado el "gasolinazo", como en lo relacionado con el tráfico ilegal de pasaportes, se actúe con rapidez y efectividad.

Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno por el Presidente Maduro, en compañía del Procurador General de la República Sergio Zavala Leiva y el Secretario de Gobernación y Justicia Jorge Ramón Hernández Alcerro.

Zavala Leiva detalló que en los próximos días se formularán acusaciones en contra de tres funcionarios cuyos nombres no precisó y explicó que estos responderán a los delitos de cohecho, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y fraude en contra del Estado, entre otros.

La semana pasada la Fiscalía Especial del Crimen Organizado y la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación de la Secretaría de Seguridad, intervinieron la Dirección General de Migración y Extranjería, atendiendo denuncias de supuestas irregularidades en la extensión de pasaportes hondureños a ciudadanos de otras nacionalidades, entre chinos, colombianos y libaneses.

Por los supuestos delitos fue destituido de su cargo el Director General de Migración y Extranjería Ramón Romero y llevado a prisión el ex director de Migración, Julio Hernández Alcerro.

En la rueda de prensa de este mediodía el Presidente Maduro pidió a Zavala Leiva y al Fiscal General de la República Ovidio Navarro, quien por motivos de viaje no asistió, que procedan de inmediato a realizar todas las diligencias que conlleven a deducir responsabilidad a los implicados en el ilícito.

El Presidente Maduro recordó que fue el propio gobierno quien inició las investigaciones del caso en contra de los sindicados ya que trabajar con transparencia siempre ha sido una de sus características.


“Hemos procedido en base que este gobierno no tapa las cosas para evitar que las conozcan los medios o para evitar los escándalos, sino que todo lo contrario, las destapamos y procedemos en contra de las personas presuntamente involucradas”, expresó.

Enfatizó que por este caso ya existe una persona en prisión y se ha destituido a otra “y a partir de esta fecha el Procurador General procederá recopilar documentación para formular acusaciones en contra de estas y otras personas, además de las que presentará la Fiscalía”.

El mandatario aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para que en el momento que los expedientes lleguen a ese Poder del Estado se les de toda la celeridad que ameriten.

“Los hondureños queremos explicaciones, queremos acción rápida y queremos aterrizar en sentencias cuando sea eso lo que procede y yo como Presidente me voy a asegurar que así sea en lo que a mí compete”, dijo.

Dentro de su responsabilidad le compete presentar pruebas a la Fiscalía y a la Procuraduría, a fin de impulsar las acciones para que estas sean rápidas.

El Secretario de Gobernación y Justicia manifestó que él nunca estuvo al tanto de las irregularidades que se manejaban en la Dirección de Migración, ya que de lo contrario hubiera tomado las medidas correctivas del caso.

“Nosotros tomamos la previsiones adecuadas, los controles que son necesarios para evitar que este tipo de cosas sucedan”.

Indicó que los funcionarios implicados en la irregularidad violentaron los procedimientos internos y algunos artículos de la Ley Migratoria y su reglamento.

Por su parte el Procurador General de la República, dijo que los bienes de las personas señaladas podrían ser incautados por el Estado en caso de que su procedencia sea dudosa y estos pasarían a formar parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados del Ministerio Público. ep/dip

 


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