Dicho compromiso se asumió en una reunión sostenida esta mañana en Casa de Gobierno entre el mandatario, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales; el Fiscal General de la República Leonidas Rosa Bautista y el secretario de Seguridad Óscar Álvarez.

El mandatario y los operadores de justicia, quienes se reúnen semanalmente compartieron su preocupación porque en los últimos meses las características del crimen común han incrementado, especialmente en las calles con el robo de celulares, carteras y otros artículos de uso personal.

Para asegurar la captura, acusación y encarcelamiento de dichos delincuentes, Maduro dijo que el Poder Ejecutivo apoyará en todo lo necesario a la policía, jueces y fiscales.

Indicó que a pesar de que la política de seguridad ha tenido buenos resultados en cuanto al secuestro, robo a bancos y robo de vehículos, aún le preocupa que los delincuentes comunes continúen acechando a los más pobres.

Añadió que al revisar recientemente las cifras de encarcelamiento, se encontró que la reclusión de delincuentes comunes es baja en comparación con las tasas de registro de robos y asalto.

El mandatario indicó que el hecho de que no se capture, acuse y juzgue a los delincuentes comunes, acrecienta el sentimiento de impunidad, así como la falta de confianza en las instituciones del Estado por parte de la ciudadanía.

“Por eso nos hemos reunido para asegurarnos que esta cifra suba y que todos los delincuentes sientan que van a ser sujetos al control y la persecución que manda la ley y los intereses del pueblo”, expresó.

“No nos importa si el robo es un celular o si es algo más grande, un vehículo o si hay afectación de una persona, se va a aplicar la ley por parejo”.

Maduro indicó que la idea es que la cadena de aplicación de la justicia sea efectiva, por lo que es necesaria la voluntad de la policía, posteriormente la de los fiscales a través de sus acusaciones y por último el sistema judicial, con la fiel aplicación de la ley.

“Uno de los pilares fundamentales ha sido una voluntad compartida de todos los actores de justicia del Estado, en perseguir y lograr efectividad contra la delincuencia”, manifestó. Por su parte la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señaló que los delitos establecidos en el Código Penal con menos de cinco años de prisión no califican para la prisión preventiva, no obstante cuando hay reincidencia se puede considerar como un antecedente para que la Fiscalía y el Poder Judicial adopten las respectivas acciones legales.

Por otra parte dijo que el delito “vagatela” (robo de cadenas, carteras y otros artículos), actualmente es resarcido económicamente.

En lo que va de la presente administración, la sociedad hondureña ha recibido una reparación de daños por parte de la delincuencia común de aproximadamente 40 millones de lempiras, aseguró la funcionaria.

Entre tanto el Secretario de Seguridad Óscar Álvarez, señaló que la Policía Nacional hace enormes esfuerzos para presentar los requerimientos fiscales que permitan acusar eficazmente a los delincuentes. ep/dip