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funcionario dijo que de hecho, tanto la Iglesia Católica
como la Iglesia Evangélica han estado en pláticas
con representantes del gobierno para tomar la dirección de
algunos de los centros de rehabilitación que maneja el Estado
para estos jóvenes.
Los jóvenes pandilleros
que han cometido diversos delitos son enviados por parte de las
autoridades judiciales a centros de rehabilitación manejados
por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
(INHFA) de donde se escapan con mucha facilidad.
Según el funcionario,
la violencia generada por las pandillas juveniles es un problema
que tiene sus raíces en las condiciones sociales y económicas
que vive el país, pero básicamente es un problema
que se origina en el seno familiar.
Hernández Alcerro
preside una Comisión que nombró el Presidente, Ricardo
Maduro, para investigar los hechos ocurridos en el Centro Penal
de El Porvenir, en Atlántida, donde el enfrentamiento entre
pandilleros y juveniles y presos comunes dejó un saldo de
69 personas muertas y 25 heridas.
“Yo creo que lo
que sucedió desgraciadamente en La Ceiba, viene a confirmar
las explicaciones que nosotros dimos en Europa recientemente sobre
la violencia existente generada por las pandillas juveniles. Viene
a confirmar que esto es un problema que está profundamente
enraizado en las condiciones sociales y económicas del país”,
enfatizó.
El Secretario de Gobernación
y Justicia agregó que ante la violencia juvenil el gobierno
tiene mucho por hacer, pero que no lo puede hacer todo porque muchas
de las condiciones que se dan para que estos muchachos sean lanzados
a la calle y comiencen su asociación para delinquir, tienen
que ver con el cumplimiento de las obligaciones por parte de los
padres de familia.
“Aquí hay
una responsabilidad enorme de los padres de familia cuando dejan
de cumplir con las obligaciones con respecto a sus hijos. Esto normalmente
no sucede en un hogar que está bien integrado y en unos padres
de familia que cumplen con sus obligaciones morales, espirituales
y también económicas con sus hijos”señaló.
Sin embargo, fue más
allá al manifestar que también es problema de una
sociedad que no le ha podido dar respuesta al ingreso al mercado
laboral de miles jóvenes, que de acuerdo a una investigación
realizada, estarían dispuestos a dejar el mundo de las maras
si encontraran trabajo o programas de educación que los retomaran
y los volvieran a insertar en el sistema educativo.
“Así que
aquí hay una labor muy grande que hacer por parte del Estado,
pero también principalmente por parte de los padres de familia
para evitar que este problema siga creciendo en nuestro país.
Hay una responsabilidad paternal y maternal que cumplir y además,
creo que hay mucho que hacer por parte de las Iglesias y de otras
instituciones de servicio en nuestro país”, comentó.
La comisión investigadora
esta integrada, además del secretario de Gobernación,
por el Ministro de Defensa, Federico Breve Travieso y el Ministro
de Seguridad, Oscar Alvarez, quienes hoy llevaron a cabo la primera
reunió para conocer los informes preliminares que sobre este
hecho presentaron el Ministro de Seguridad y el Comandante General
del Cuerpo de Bomberos.
En horas de la tarde
el Ministro de Gobernación se reunió con la Comisión
Interinstitucional de Justicia Penal, presidida por la presidenta
de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales con la participación
del Ministro de Seguridad, el Fiscal General, el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República,
para conocer la situación de las personas presas y detenidas
en el centro penal de La Ceiba.
Sólo quedaría
pendiente la presentación de un tercer informe proveniente
de la Dirección de Medicina Forense, dependencia del Ministerio
Público que se encargó de realizar las autopsias de
los cadáveres para determinar las causas de la muerte da
cada uno.
La Corte Suprema trabajó
el fin de semana junto con los distintos jueces de Atlántida
para poder presentar al Presidente de la Republica una serie de
recomendaciones en materia de reforma del sistema penitenciario
nacional a la brevedad posible.
“El problema tiene
distintas facetas: la falta de infraestructura realmente es uno
de los problemas mayores. Eso lleva precisamente a que se hagan
traslados de unos centros penales a otros, de que incluso algunas
de las poblaciones en el interior del país que no tienen
el problema de las pandillas juveniles, se quejen cuando se envía
esta población delincuencial a estos centros penales”,
dijo Hernández Alcerro.
Los centros penales
tampoco tienen los requisitos de seguridad necesarios y no tienen
una graduación en cuanto a las condiciones de seguridad necesarias
para el tratamiento de los delincuentes de acuerdo al grado de peligrosidad
y tampoco ofrecen las condiciones como para poder separar a los
presos; en este caso reos comunes de miembros de pandillas juveniles.
Agregó que han
visto también actos de violencia en otros presidios del país
entre maras, no solamente entre reos comunes “lo cual nos
está haciendo un fuerte llamado de atención de que
las condiciones que existen en los centros deben ser modificadas
drásticamente”.
Sostuvo que se necesitan
esfuerzos especiales para disminuir muy considerablemente la mora
judicial, a efecto de que los reos que se encuentran aún
sin condena puedan ser condenados o liberados, para disminuir la
sobrepoblación que existe en este momento en los centros
penales.
Recordó que de
acuerdo a la política de seguridad que ha estado haciendo
el Presidente de la República, Ricardo Maduro, desde el año
pasado, hay muchas más personas detenidas en estos centros,
lo cual ha aumentando el número de personas detenidas.
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