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El informe fue
entregado en presencia del Presidente Ricardo Maduro quien en varias oportunidades
ha reiterado su apoyo al Consejo Nacional Anticorrupción, en cuanto
a la deducción de responsabilidades a las personas ligados a la
quiebra de tres bancos y nueve instituciones financieras.
En la entrega del informe también participaron
los miembros del Consejo Anticorrupción, quienes actuaron en calidad
de testigos de honor en el proceso de auditorias sociales iniciadas por
el Consejo Anticorrupción.
La deducción de responsabilidades inició
el pasado jueves cuando la juez Mildra Castillo le otorgó arresto
domiciliario a Víctor Bendeck Samrra, implicado en la quiebra del
Banco Corporativo (BANCORP).
El informe fue recibido por el Fiscal General de la República
Roy Edmundo Medina, quien señaló que el documento contiene
todas las investigaciones practicadas por la Comisión de Banca
y Seguros referente a la quiebra de Banco Capital.
Medina no especificó los nombres de los ligados
en la quiebra, ya que darlos a conocer puede entorpecer los juicios que
se seguirán para deducir las responsabilidades.
Por su parte la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros
Ana Cristina Mejía de Pereira indicó que el informe contiene
una completa información de todas las acciones e inclumimientos
de la ley e irregularidades administrativas encontradas en la gestión
del banco.
Mejía de Pereira no especificó el tipo de
delitos, sin embargo señaló que son violaciones de varias
resoluciones y disposiciones legales que aplican a la operación
de los bancos, especialmente en las transacciones con instituciones relacionadas
y en el manejo de las inversiones.
El costo de restitución de depósitos erogados
por la quiebra de Banco Capital, es de 729 millones de lempiras, de los
cuales el Estado aportó 517 millones y los restantes 212 millones
fueron financiados por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE),
el cual se constituye con las primas de las instituciones bancarias.
Entre tanto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Vilma Morales, dijo que los análisis del informe corresponden al
Ministerio Público.
“A nosotros lo que no corresponde es darle curso
a las acciones que puedan ventilarse en los diferentes tribunales”.
Por otra parte señaló que la reactivación
de las ordenes de captura emitidas en contra de los socios de BANCORP
serán investigas por El Poder Judicial para tomar las acciones
pertinentes.
Entre tanto el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio, señaló
que ya se están viendo los esfuerzos del gobierno por castigar
los responsables del escándalo financiero.
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