La petición hondureña fue presentada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Aníbal Quiñónez Abarca y por el agente y coagente ante la CIJ Carlos López Contreras y Julio Rendón Bárnica, respectivamente.

López Contreras viajó la semana pasada al máximo tribunal de justicia del mundo llevando consigo el documento de observaciones a la demanda de revisión de la sentencia del 11 de septiembre de 1992 presentada por el vecino país el pasado 10 de septiembre de 2002.

En sus observaciones Honduras establece que la demanda salvadoreña no cumple con las condiciones exigidas por el estatuto y el reglamento de la Corte para admitir la revisión de una de sus sentencias.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores se complace en comunicar que las observaciones escritas de la República de Honduras rebaten de modo contundente en el marco del Estatuto y Reglamento de la Corte, todas y cada una de las alegaciones invocadas por El Salvador en apoyo de su demanda de revisión", señala en un comunicado la Cancillería.

La sala que estudia el nuevo caso está constituida por el presidente de la Corte Internacional, el francés Guilbert Guillaume, los jueces Francisco Rezek, de nacionalidad brasileña, y Thomás Buergental, estadounidense.

También está formada por los jueces ad hoc Santiago Torres Bernardez, de nacionalidad española, que representará a Honduras, y el uruguayo Felipe Paolillo, representante de El Salvador. Las autoridades hondureñas requirieron de unos cinco meses para el estudio y la revisión de documentos históricos y de análisis de pruebas.

Honduras cumple con su obligación de mantener la reserva debida sobre el contenido de sus observaciones escritas y presentadas hoy las cuales sólo podrán ser divulgadas cuando se cumplan los plazos y condiciones previstas en el estatuto de la Corte y en su reglamento.

En fecha próxima la Secretaría de Relaciones Exteriores informará sobre la convocatoria a las partes para celebrar la fase oral del procedimiento de la demanda de revisión de la sentencia referida.

El 11 de septiembre de 1992 la CIJ adjudicó a Honduras 302.16 kilómetros cuadrados equivalentes a un 69 por ciento del territorio delimitado por la sentencia, mientras que a El Salvador le fueron conferidos 139.8 kilómetros que representan el 31 por ciento.

El Salvador alega que Honduras desvió la desembocadura del río Goascorán para ganar territorio a la altura de la Rompición de los Amates conduciendo las aguas hacia las Islas Ramaditas donde desemboca actualmente. Antes, según la tesis cuscatleca, el río caía en el estero de la Cutú.

El territorio que El Salvador reclama como posesión abarca unos 74 kilómetros cuadrados y en el viven unas cinco mil familias hondureñas. EP/DIP

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